carboneras anula licencia de algarrobico, demostrando que algunas decisiones solo necesitan un par de décadas

La votación unánime del ayuntamiento llega justo a tiempo para que la siguiente generación de burócratas pueda gestionar los escombros.

El ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha logrado un hito sin precedentes en la gestión administrativa al aprobar la anulación de la licencia del famoso hotel El Algarrobico, veintitrés años después de concederla. La decisión, que se ha tomado tras un “firme” ultimátum de los jueces y una década de intensa reflexión sobre la obviedad, finalmente abre la puerta a un proceso de demolición que, según expertos en demoras, podría completarse antes del próximo eclipse solar total observable desde la Península ibérica.

La anulación representa un triunfo para la paciencia, la procrastinación y el intrincado baile burocrático que caracteriza a la administración pública española. Demuestra que incluso las verdades más evidentes —como que construir un mastodóntico hotel en una playa protegida es, de hecho, ilegal— pueden requerir un cuarto de siglo para ser procesadas oficialmente. "Hemos aprendido la lección de que la inmediatez es para los novatos impacientes", declaró un portavoz municipal que insistió en el anonimato, añadiendo que "la madurez de una decisión se mide en la cantidad de litigios que genera antes de ser tomada con total convicción". El consistorio asegura que este prolongado lapso permitió un "análisis exhaustivo y multifacético" del impacto ecológico, turístico y moral del proyecto. Un análisis que, curiosamente, arrojó las mismas conclusiones que los ecologistas presentaban con carteles en los años 90.

Fuentes cercanas al proceso de "consideración profunda" indicaron que la demora se debió en parte a un ambicioso "programa piloto de consulta con el universo", donde se esperaba una señal divina inequívoca para actuar. Al no recibirla, la justicia intervino con algo más contundente: plazos y amenazas de multas. Ahora, con el camino "despejado" para el derribo —un concepto que en Carboneras es más flexible que el trazado de una carretera—, el gobierno central ya ha cifrado la indemnización en unos cuatro millones de euros. Una cantidad que el ayuntamiento ha asegurado que se pagará con "el sudor y las lágrimas de los contribuyentes que no tuvieron absolutamente nada que ver en la concesión original".

"Es un alivio que no se puede cuantificar", comentó Manuela Pérez, propietaria de un chiringuito local que ha visto pasar generaciones de bañistas y litigantes. "Aunque no estoy segura si el alivio es porque finalmente lo tiran o porque ya no tendremos que ver las noticias cada año diciendo que 'esto es un paso definitivo'. Ahora la demolición será el nuevo 'paso definitivo', lo que nos da material para otros 20 años de espera". La Junta de Andalucía, por su parte, ha sido instada a actuar "de inmediato" para ejecutar el derribo, lo que en el léxico político andaluz se traduce como "posiblemente antes de las próximas elecciones autonómicas, o las siguientes, o las de verdad".

Con la anulación de la licencia, Carboneras se prepara para entrar en una nueva fase de su legado: la del "Ayuntamiento que tardó más en demoler algo que en construirlo". Los expertos ya debaten si la futura rehabilitación del paraje natural del Cabo de Gata-Níjar podría incluir un monumento a la lentitud administrativa o, quizás, un monolito que simbolice el dinero público quemado en el altar de la inacción. Una cosa es segura: para cuando el Algarrobico sea polvo, la factura legal será un rascacielos.

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